Esta realidad no solo contamina los suelos y las fuentes de agua, sino que pone en riesgo directo la salud de quienes producen los alimentos y de quienes los consumimos a diario. Diversas investigaciones nacionales alertan sobre el uso persistente e incontrolado de plaguicidas prohibidos o restringidos. Estudios realizados por la Universidad Gabriel René Moreno (Santa Cruz), la Universidad Mayor de San Andrés, a través de la Unidad de Genética Toxicológica del Instituto de Genética, la Universidad Católica Boliviana y el GTCCJ evidencian que, en los últimos años, se ha producido un incremento considerable de la superficie cultivada asociada al uso intensivo de plaguicidas, principalmente vinculado al modelo agroindustrial.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE, 2020) y registros del comercio exterior, los plaguicidas más importados en Bolivia son el glifosato, seguido del paraquat, la atrazina y el 2,4-D, entre otros. De acuerdo con PROBIOMA, en los últimos veinte años el país incrementó la importación de agroquímicos en aproximadamente un 500 %, lo que evidencia una creciente y preocupante dependencia de insumos externos en la producción agrícola.

Lo más alarmante es que este aumento en el uso de plaguicidas no se traduce en mejoras significativas en el rendimiento de los cultivos por hectárea. Por el contrario, genera mayores impactos ambientales, degradación y desertificación de los suelos, así como un incremento en la incidencia de enfermedades asociadas a la exposición a estas sustancias. Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿quién asume los costos de este modelo productivo? La respuesta es clara: las familias productoras, la población urbana y rural, y las futuras generaciones.

En este marco, la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Agroecología, mediante la Resolución Ministerial N.º 304 (septiembre de 2025), representa una oportunidad clave que debe ser asumida con responsabilidad por los tomadores de decisión. Su implementación permitirá garantizar alimentos saludables producidos en suelos sanos, con agua limpia y semillas no contaminadas; además de promover la biodiversidad, fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria, facilitar el acceso a mercados más justos y habilitar a las entidades subnacionales a diseñar políticas, programas y proyectos territoriales con enfoque agroecológico.